Avance: Los dos mil piratas de las ondas

Los diales de la FM en España están saturados de emisoras ilegales contra las que no se actúa

La administración se reparte las competencias, y se pasa la pelota

• Las cadenas prefieren arriesgarse a la sanción, en lugar de perder un mercado local destacado, o no poder ofrecer una cobertura nacional a sus grandes clientes
• La impunidad de la situación ha hecho que las frecuencias ilegales devalúen el mercado de las legales, que resultan más caras
• En 2020, el grupo valenciano Compromís promovió una moción en el Senado para eliminar las emisoras ilegales del espectro radioeléctrico, ante la 'dejadez' del Gobierno

Las grandes cadenas de radiodifusión privada mantienen su negocio gracias a los ingresos publicitarios obtenidos de la contratación de grandes marcas de cobertura nacional, pero también de la suma de la publicidad emitida en sus emisoras locales. La Cadena SER, la COPE, Onda Cero, esRadio y otras más pequeñas y carentes del mismo volumen, pero aspirantes a recolectar ingresos igualmente, no pueden permitirse el lujo de perder un mercado local atractivo, aunque no tengan una frecuencia legal asignada en esas plazas. La concesión administrativa de una frecuencia de radio se produce tras una convocatoria pública, a la que se concurre a través de un concurso, aportando la documentación exigida en sus pliegos, que el gobierno autonómico (es una concesión de esta administración pública) puntúa de acuerdo a unos criterios objetivos. Sobre el papel, el procedimiento es impecable, pero la realidad, por desgracia, dista mucho de las apariencias.

La radio necesita emisoras para difundirse, pero la propiedad del espectro es pública. Por eso hay que repartirla mediante concesiones administrativas (Fotografía Gorka Zumeta)

Los vericuetos administrativos, la picaresca ideológica de nuestros políticos, y los intereses partidistas, tradicionalmente, se han unido para impedir el paso al mercado radiofónico a aquellas marcas enfrentadas ideológicamente al gobierno de turno. Así, un gobierno socialista preferirá conceder frecuencias a la SER que a la COPE, y al revés, cuando quien gobierna es el Partido Popular. Este procedimiento, debería estar garantizado por una normativa apolítica, basada únicamente en los méritos expuestos por el aspirante a la frecuencia, pero en España es mucho más habitual que en otras latitudes que a la concesión de FMs le sigan denuncias de irregularidades en el proceso. Basta consultar en Google para acercarse a esta realidad tan vergonzosa de nuestro panorama radiofónico.

El círculo vicioso al que nos ha conducido el amiguismo político en la concesión administrativa de frecuencias de radio ha emponzoñado el sector, hasta convertir los diales, sobre todo de las grandes ciudades, en una maraña ingobernable de frecuencias de orígenes cuando menos sospechosos

Ante la falta de frecuencias en determinados territorios clave, ¿qué decisión toman las grandes cadenas en plazas con potencialidad comercial? En estos casos, recurren, a sabiendas, a postes ilegales. Salvaguardan su operatividad, garantizan sus ingresos, pero están expuestos a posibles acciones de la administración, en dos niveles: autonómica y nacional. La ausencia de esos mercados locales les empobrece, y prefieren arriesgarse a la multa que perder ingresos. No puede venderse, por otra parte, a un gran cliente una difusión nacional si no se cuenta con una red completa de todo el territorio, lo que obliga prácticamente a buscarse las artimañas necesarias para alcanzar la cobertura. De nuevo el refranero español cuenta con una sentencia para explicar esta situación irregular: “más vale pedir perdón, que pedir permiso”. Carecer de título habilitante para emitir en FM equivale a carecer de permiso. Pero, por lo visto en España, esto no es un problema, puesto que existen -se compran y se venden, algo inaudito- frecuencias ilegales. La situación ha llegado a tal punto de surrealismo que el mercado de emisoras ilegales ha devaluado el de los postes que cuentan con título habilitante que, a la postre, sí, evita los problemas, pero son sensiblemente más caros. ¿Por qué gastar más dinero, si puedo emitir por una FM ilegal, que nadie me va a cerrar...? La impunidad convierte le ley en papel mojado.

La situación, propia más de una república bananera, puede empeorar todavía más cuando nos encontramos con vueltas de tuerca de calibre, como que el EGM contemple la audiencia procedente de un poste ilegal (con lo que está legalizando tácitamente la frecuencia), se concedan ayudas públicas a emisoras ilegales o, lo más sangrante, que el propio colectivo de emisoras privadas denuncie la existencia de competidores desleales que utilizan frecuencias fraudulentas, cuando ellos mismos lo hacen habitualmente, en un ejercicio impresentable de cinismo. El círculo vicioso al que nos ha conducido el amiguismo político en la concesión administrativa de frecuencias de radio ha emponzoñado el sector, hasta convertir los diales, sobre todo de las grandes ciudades, en una maraña ingobernable de frecuencias de orígenes cuando menos sospechosos.

Escribía en esta web, en 2018, un artículo titulado “La quiebra de la industria radiofónica española”, en el que mantenía la tesis de que el sector pasaría por muy graves problemas de viabilidad económica si las autoridades, autonómicas y nacionales, se decidieran a ordenar el panorama, porque las multas contempladas en la vigente Ley General de Telecomunicaciones de 9/2014, establece multas de “hasta 20 millones de euros” por emitir desde un poste ilegal, y son miles las emisoras ilegales. Juan de Dios Rodríguez Pariente, ex DirCom de la Cadena SER, escribía en 2016 que “a principios de los 2000, había en España 2.928 emisoras ilegales frente a 1.191 legales”. Los números son desorbitados. Claramente, este tema se le ha ido de las manos a la administración, hace ya mucho tiempo.

ESTE JUEVES 9 DE JUNIO, LOS DOS MIL PIRATAS DE LAS ONDAS. LOS DIALES DE LA FM EN ESPAÑA ESTÁN SATURADOS DE EMISORAS ILEGALES CONTRA LAS QUE NO SE ACTÚA. LA ADMINISTRACIÓN SE REPARTE LAS COMPETENCIAS, Y SE PASA LA PELOTA