El Constitucional frena el decreto de la Junta de Andalucía sobre las emisoras de radio
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La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) denunció que de facto la Junta de Andalucía, con este decreto, privatizaba las emisoras municipales
Según la SER, el alto tribunal admitirá a trámite el recurso del Gobierno en su pleno de este miércoles
Según la SER, el alto tribunal admitirá a trámite el recurso del Gobierno en su pleno de este miércoles
PR
Noticias, 4.05.2020. El decreto ley que recientemente impulsó la
Junta de Andalucía para la “mejora y simplificación de la regulación para el
fomento de la actividad productiva” que en la práctica significaba la
privatización de multitud de emisoras municipales sigue levantando revuelo. En
esta ocasión, la polémica se ha trasladado hasta el Tribunal
Constitucional, que este próximo 6 de mayo suspenderá de forma temporal parte de
la normativa después de que el Gobierno decidiese recurrir dos de sus
puntos más controvertidos.
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| Sede del Tribunal Constitucional en Madrid (Creative Commons) |
Según señala Cadena SER, el recurso presentado por el ejecutivo que
lidera Pedro Sánchez será admitido a trámite en el próximo Pleno del Constitucional, que se celebra este miércoles, lo que conlleva que los
artículos conflictivos serán suspendidos de forma automática hasta que los
magistrados tomen una decisión sobre ellos, un hecho que debe ocurrir
en un plazo de cinco meses, tal y como se recoge en el artículo 161.2 de la
Constitución.
Pero, ¿por qué es tan polémico este decreto ley? Una de las
principales controversias está relacionada con la supresión de “la prohibición
de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios
de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondiente título
habilitante, al resultar desproporcionada y perjudicial para la publicidad de
entidades, empresas y autónomos que ejercen actividades económicas en
Andalucía”. De esta manera, el gobierno que comanda Juan Manuel Moreno elimina
las sanciones que se venían imponiendo a aquellos anunciantes que ponían
publicidad en emisoras de radio y cadenas de televisión ilegales.
El gran miedo de las asociaciones periodísticas es
que se produzca una progresiva privatización de los medios públicos
locales, lo que ha provocado fuertes críticas desde la Asociación Española de la
Radiodifusión Comercial (AERC).
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