La apropiación de lo ajeno (y II)

Captura de Youtube con un capítulo completo de "La que se avecina", serie de Telecinco (Mediaset)

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Mediaset demanda a Youtube por 500 millones de euros

Ésta no es desde luego una cuestión baladí. La compañía italiana Mediaset, propietaria del 50,1% de capital de Telecinco, llevó a los tribunales a Google y a su plataforma de vídeos Youtube, en 2008, por la "difusión ilegal" de sus contenidos, exigiéndole 500 millones de euros como indemnización. La filial de Fininvest, la compañía de Silvio Berlusconi, en una muestra al azar tomada el 10 de junio encontró “al menos 4.643 vídeos y cortos de nuestra propiedad, equivalentes a más de 325 horas de transmisiones sin tener los derechos." A raíz de esta demanda, originariamente presentada en Roma, y también en el Juzgado Mercantil número 7 de Madrid, la plataforma Youtube retiró decenas de vídeos producidos por Mediaset, entre ellos unos de los más seguidos, los capítulos de su popular serie “La que se Avecina”.

En 2010, se produjo una primera sentencia de esa demanda. Y, como los políticos, ambas partes quedaron satisfechas; pero el Juzgado desestimó la demanda. Básicamente, la sentencia reconoce que, legalmente, “YouTube es un mero intermediario de servicios de alojamiento de contenidos y, por tanto, no puede ser obligado a controlar con carácter previo los vídeos subidos por los usuarios". Debe ser por tanto Mediaset la que denuncie que los vídeos subidos por los usuarios de esta red no disponen de los correspondientes derechos de autor. Telecinco anunció que recurriría la sentencia, y el proceso se encuentra en esta fase, a la espera de un nuevo fallo.

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Hoy en día, la propia Mediaset ha habilitado varias webs distribuidoras de sus contenidos (una de las más seguidas es www.mitele.es) a través de las que difunden sus contenidos, y los comercializan. Algunas series se entrecortan con publicidad, de manera que el usuario no se libre de los diferentes impactos comerciales.

Al final, ¿el usuario podría llegar a ser el responsable?

Según esta sentencia, que podría aplicarse, en el caso del audio, a Ivoox, una de las plataformas más populares para alojar grabaciones de audio, la responsabilidad de incurrir en una ilegalidad podría trasladarse al usuario de estas redes, y no a quien las acoge, y redistribuye. El proceso, siguiendo a pies juntillas la sentencia del Juzgado Mercantil número 7 de Madrid, en 2010, sería: el usuario sube una grabación, cuyos derechos no detenta y la plataforma, sin establecer ningún proceso selectivo, la recibe y la redistribuye. La propietaria de los derechos debe ser por tanto la que denuncie esa ilegalidad y, en consecuencia, el contenido se retire.

Pero en este proceso hemos obviado el elemento fundamental que provoca, directamente, el enfado de Mediaset (y el de cualquier otra productora de contenidos que ve usurpados su derechos) y es el afán de lucro de estas plataformas que se aprovechan de contenidos ajenos para beneficiarse comercialmente de ellos, algo que por otra parte no parece lógico. Si no mediara el elemento crematístico, tal vez la consideración fuera diferente, pues lo único que haría la plataforma sería redistribuir un contenido, pero aprovecharse de él, cuando no es tuyo, para obtener beneficios económicos, no es lo mismo.

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Derechos enfrentados

En este caso se produce un conflicto jurídico entre dos derechos: el derecho a la libertad de expresión, e incluso al derecho de cita (al que se acoge, por ejemplo, el capítulo de los gazapos de radio) y los derechos de autor o propiedad intelectual. Un usuario puede descargarse un audio de la Cadena SER o de RNE sin muchos problemas. Pero el consumo será particular y no se producirá dolo. Sin embargo, parece diferente si alguien comercializara esas grabaciones que se ha bajado, sin poseer los derechos de su redistribución. ¿No es éste el mismo escenario en que se mueven plataformas como Google, Youtube, Ivoox, Goear y similares? En definitiva, alguien que se apropia de un contenido que no es suyo y se beneficia de él económicamente, dejando que sean sus usuarios los que, apelando al derecho a la libertad de expresión, lo vayan alimentando?

Pero ¿cómo ponemos puertas al campo? ¿Cómo puede arbitrarse y gestionarse una situación tan compleja como ésta en la que concurren, y entran en colisión, varios derechos? Las empresas productoras de contenidos deberían mantener un departamento exclusivo para vigilar cuáles de sus contenidos se suben a estas plataformas para, posteriormente, denunciarlas y proceder a su retirada. Los costes serían mayores que las cantidades que dejaran de percibir por no desarrollar ellos directamente las labores de explotación comercial de sus contenidos.

Siempre he pensado que los contenidos periodísticos, o radiofónicos, son propiedad de sus autores, en primera instancia. Pero muchas empresas, en sus contratos, imponen a sus empleados la cesión de derechos de propiedad intelectual a la compañía, en perjuicio del autor directo del contenido en cuestión. Éste sin duda es otro problema que complica más el proceso y cuya legalidad me permito cuando menos cuestionar.

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No es sencillo desde luego, y concluyo, conciliar ambos derechos y llegar a un entendimiento favorable a las dos partes. Hoy por hoy, empresas como la SER, Onda Cero, la Cope o RNE suben sus contenidos a sus páginas corporativas, pero, y esto resulta también muy curioso, por incoherente, también los suben a Ivoox y plataformas similares, siendo conscientes de que no son ellos, directamente, los que se benefician de su explotación, sino los titulares de estas plataformas de distribución de audios o de vídeos. Evidentemente, en este caso, concurrirán otras razones –una mayor difusión, por ejemplo- que impulsen a tomar esta determinación, pero, insisto, parece, de entrada, incongruente. Dejo la resolución a este problema en el aire y, en cualquier caso, espero la resolución de los tribunales a la demanda de Mediaset que, si sentara jurisprudencia, podría tener consecuencias millonarias u obligar a estas plataformas a establecer filtros para evitarse problemas jurídicos. Queda aún camino por trazar.