El Estado, que no paga, ahoga a las radios (y II)

Javier González Ferrari, presidente ejecutivo de Onda Cero Radio

Ferrari, en su intervención pública del pasado viernes, reconocía que nunca, en sus 37 años de profesión, había visto una crisis económica tan furibunda como ésta, de la que todavía resta bastante tiempo para olvidar. Tampoco es de extrañar el amargo recuerdo que tiene de las diferentes administraciones ante las que defendió la necesidad de actuar contra las emisoras ilegales de este país, más de tres mil (mil más que el número de frecuencias legales) que ejercen una competencia “desleal e ilegal”. En sentido estricto, y apoyándose en argumentos jurídicos, todas las cadenas radiofónicas con concesiones administrativas, tendrían derecho para denunciar al Estado porque la permisividad en este campo devalúa las frecuencias que ellos mismos han concedido y, por extensión, el negocio obtenido de su explotación. Entiendo que la situación es mucho más compleja, pero este argumento stricto sensu es incontestable.

Javier González Ferrari (Fotografía Onda Cero)

El comercio de emisoras ilegales

Pues bien, la administración siempre promete precintarlas y hasta ahora las tres mil emisoras siguen emitiendo sin ningún problema. Es más, algunas que han sido denunciadas y precintadas, levantan los precintos y siguen emitiendo, impunemente. Y voy más allá. En algunas localidades del país se comercia con frecuencias ilegales. Hay quien las vende y hay quien las compra. A buen precio, además. Ninguna de las grandes cadenas de radio, por otra parte, está libre de culpa. Casi todas ellas disponen de emisoras de, cuando menos, dudosa legalidad. El argumento que justifica esta actuación irregular: “si papá Estado no me defiende, tendré que ser yo el que vele por mis intereses”. El panorama, ciertamente, es desolador.

Insisto: si el Estado convoca concursos públicos de concesión de frecuencias de radio, para evitar que el caos reine en el dial, debe ser por tanto el propio Estado el responsable de velar por el cumplimiento de la ley. Por contra, si no es capaz de garantizar ese escenario legal, está incurriendo en dejación de sus funciones, y puede ser denunciado, tal y como explicaba anteriormente. Es más, si es incapaz de ordenar el espectro radioeléctrico mediante concesiones, retire usted todos los concursos y deje que el sector se organice de manera espontánea. Así llegaríamos al caos, que en parte ya vivimos en algunos diales, como por ejemplo en el de Madrid.

Un dial saturado por los mismos formatos por falta de dinero…

Habría que recomponer y reorganizar todo el escenario analógico de radio en España. El tema es, en estos tiempos que corren, quién le pone el cascabel al gato. Los políticos intentan nadar y guardar la ropa. Prometer, por un lado, que cerrarán las emisoras ilegales y al mismo tiempo congelar la operación por miedo a ser acusados de atentar contra una pretendida libertad de información o de opinión de las emisoras clausuradas. No puede existir ninguna otra actuación tan hipócrita y tan cobarde como ésta. Hay un sector en juego.

Ferrari también ha dedicado su tiempo
a la docencia. Aquí con unos alumnos de la
Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid

Está claro que Ferrari tenía ganas de hablar, y de sincerarse. “El dial está saturado con los mismos formatos porque no podemos perder un solo céntimo de euro y cambiar supone un riesgo que no controlamos”. En primer lugar, aplaudo su franqueza. Con frecuencia hemos defendido en este blog la necesidad de invertir en I+D, también en el sector de la radio. Y es posible que el mismo Ferrari esté muy de acuerdo con esta necesidad. Pero la realidad, tozuda, impone otros caminos que se alejan de todas aquellas actividades que no contribuyan, directamente, a sumar ingresos a la cartera, en el más corto plazo posible.

…y encima las emisoras públicas ahogan el mercado publicitario

Ferrari dibujó un escenario el pasado viernes que resulta lacrimógeno: unas cadenas de radio que sufren problemas de financiación porque la administración pública no paga su publicidad institucional y al mismo tiempo esas mismas administraciones no trabajan para defender las emisoras legales frente a las ilegales, pese a que han sido ellos mismos los que han establecido ese marco. ¿Qué más podría ocurrir? Pues que esa misma administración aspire a llevarse una buena porción de la tarta publicitaria, a través de sus emisoras regionales y locales. “Se dice que se ha arreglado el problema del Ente Público al quitar la publicidad. Yo (como director general del Ente Público) impedí que la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) convirtiera RNE en una radio comercial porque hubiera reventado el negocio de las radios para recaudar un 10% de lo que necesitaba. Ahora parece que se va a hacer algo con las televisiones autonómicas. ¿Por qué no se habla de las radios autonómicas y locales, que tiran los precios y hacen dumping? Las cuñas están a precio de saldo” –afirmó-.

Es más que probable que nos encontremos ante un panorama endémico de difícil solución, si no hay voluntad de abordarlo por parte de la administración con eficacia y determinación. Es más que probable, también, que el entorno analógico quede superado por el digital, que nace, afortunadamente, sin la intervención del Estado, libremente, dejando que se autorregule, a la espera de que los oyentes pongan a cada uno en su sitio.

La radio no se merece lo que están haciendo con ella.