La Cope reconoce que emite desde postes ilegales

El caótico ordenamiento radiofónico español (I) 

Fernando Giménez Barriocanal apunta a que el resto de sus competidores se encuentran en la misma situación de ilegalidad que Cope 

Durante el Festival de Cine de mi querida, y siempre añorada, San Sebastián, en septiembre de 2015, el director de cine Fernando Trueba recogió su Premio Nacional de Cinematografía, de manos del entonces ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo y, para sorpresa de muchos, en su discurso nos regaló el titular del mes: “Nunca me he sentido español”. Para qué queríamos más… Las redes sociales escupieron contra él, y sus palabras, toda la bilis de que es capaz la bajeza humana, en lugar de preguntarse seriamente por el proceso intelectual, desde luego crítico, que había conducido al director de “Belle Époque” (Óscar de Hollywood, triunfo patrio donde los haya) a provocar de esta manera al personal, porque aquello era, directamente, y Trueba era más que consciente de ello, una auténtica provocación. Pero pocos, muy pocos, fueron al fondo de la cuestión, y se quedaron mirando al dedo que señala la luna.

Fernando Giménez Barriocanal, presidente de la Cope, en su comparecencia en el Foro de la Nueva Comunicación (Fotografía ElEspañol.com, de esta información)

No todo lo que construimos los españoles está bien construido, y denunciarlo no te hace sospechoso de nada, sino intelectualmente crítico. Durante muchos años la literatura asumía este rol. Toda la Generación del 98 surgió al socaire de uno de los peores momentos históricos de esta España de nuestros amores y desamores, cuando se desinflaba y perdía, humillada por la derrota ante unos Estados Unidos crecidos, sus últimas colonias.

La Administración no vela por el cumplimiento de la ley, y no lucha contra las emisoras ilegales

¿A qué viene esta introducción, tal vez algo críptica, en una web que se dedica a la radio? Pues, precisamente, porque existen algunos capítulos de este sector de los que, como español, no solo no me siento orgulloso, sino que siento vergüenza ajena, porque en foros internacionales, nuestro país es un bicho raro, que -lo peor de todo esto- no hace nada por remediarlo, y convive con sus rarezas con absoluta naturalidad. Me refiero al incumplimiento manifiesto, flagrante, de nuestra propia legislación, y al caos que reina en el paisaje radiofónico nacional.

El pasado 31 de mayo, en el Foro de la Nueva Comunicación, ante ilustres personalidades, el no menos ilustre presidente de Cope, Fernando Giménez Barriocanal, reconoció que su cadena de emisoras infringía la ley. En información del ElEspañol.com, firmada por el periodista Fernando Cano, se recogía que el máximo dirigente de la cadena de los obispos, utilizó, como único argumento para defenderse de la acusación de emitir desde postes sin licencia, el “¡y tú más!”, y aquí no pasa nada. Giménez Barriocanal reconoció: "Cope está exactamente en la misma posición que están el resto de nuestros competidores”.

En la misma información se detalla que Cope, según datos recopilados por ElEspañol.com del propio Estudio General de Medios (EGM), realizado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), que en su momento decidió no medir la audiencia de los postes no incluidos en el Plan Técnico Nacional (por tanto ilegales), posee 99 postes irregulares. Según estos mismos registros oficiales, 21 emisoras son de Cadena 100, 30 de Cope, 16 de Megastar y 32 de Rock FM.

La industria radiofónica necesita certidumbres para acometer su labor en los próximos años, y conocer de antemano el marco legal es imprescindible

Cope, efectivamente, como denunciaba la información de ElEspañol.com, y reconocía implícitamente el presidente de la cadena azul en su respuesta, no es la única empresa que integra en su red emisoras ilegales. El propio EGM, fuente de la que obtenía la información el periodista Fernando Cano, señalaba que también se contabilizaban: “38 emisoras de Fun Radio, 30 postes de EsRadio, 25 de Gestiona Radio, 15 emisoras de Radio Marca, 14 de Intereconomía, 13 frecuencias de Onda Cero y así hasta 294 frecuencias denominadas “Emisora Ilegal Baja”. Este organismo también mantiene otras 370 emisoras locales independientes registradas, pero bajo la categoría de "Emisora Ilegal".

Pero hay más: desde hace muchos años, una de las batallas más intensas que impulsan desde la Asociación Española de Radio Comercial (AERC), que integra al sector radiofónico privado, ha sido la lucha contra la piratería. A menudo, denunciaban que la existencia de más de 2.400 postes ilegales, amenazaba seriamente la viabilidad de la industria que pagaba religiosamente sus impuestos, y que emitía desde la legalidad más absoluta. Está claro que los miembros de la AERC, cuando firmaban estos comunicados conjuntos, eran conscientes de que su respeto a la ley no era ‘tan absoluto’, como querían hacernos creer, a tenor de los datos que el propio EGM -y no la Administración, que por cierto es la encargada de velar por el cumplimiento de la ley vigente- recoge.

Los concursos públicos de frecuencias a menudo están contaminados por simpatías y antipatías ideológicas entre el Gobierno de turno y los solicitantes

Giménez Barriocanal se permitió ironizar, tal y como recoge la información de ElEspañol.com, en torno a la escasa suerte que corren sus solicitudes de emisoras en los recientes concursos públicos de FM. “Será que hacemos muy mal nuestras propuestas”, dijo en el Foro de la Nueva Comunicación, no sin cierta arrogancia. Su malestar por las emisoras concedidas al Grupo Cope quedaba de manifiesto. Y, probablemente, con parte de razón. De todos es sabido el proceso que se sigue en nuestro país, de lo que tampoco nos podemos sentir orgullosos, en la concesión de frecuencias de radio por la Administración. Numerosos concursos han sido denunciados, y algunos repetidos, por las irregularidades que contemplaban, inspirados, la mayoría de los casos, en filias y fobias ideológicas de los solicitantes con el Gobierno de turno. No es casualidad que cuando ha gobernado el PSOE ha sido más ‘sensible’ a las solicitudes de Prisa; y que cuando lo ha hecho el PP, su actitud ha sido similar con la Cope. O no. Y así nos va, claro.

Las cadenas de radio, también lo he comentado en más de una ocasión, tienen que tejer una red de postes emisores por toda España para completar la geografía del país y poder ofrecer así a sus anunciantes una cobertura total del mercado nacional. Carecer de una emisora en un punto estratégico destacado significa, al medir el conjunto, un agujero que puede hacerles perder muchas cuentas. Asimismo, si se carece de frecuencias en FM y se emite solo a través de OM, el problema empieza a ser de supervivencia. Es preferible asumir un riesgo, y emitir por un poste ilegal, que desaparecer, o morir. Estos, y otros casos, han sido los que han movido a las grandes, y pequeñas cadenas, operadores locales y comunidades de todo tipo, a delinquir. Pero, en España, la Administración no persigue con suficiente contundencia a las radios ilegales, porque tendría que enfrentarse, también, con las grandes cadenas y sus intereses. Y, no nos olvidemos, las cadenas hablan -bien o mal- de los Gobiernos, y no creo que sea necesario sugerir mucho más…

La concesión de frecuencias mediante concurso público incluye la ubicación desde la que debe emitirse la señal de radio

La propia Administración, piensan algunos directivos de radio, es la culpable de lo que está ocurriendo, porque no concede los postes solicitados por las grandes cadenas, y éstas se han visto obligadas a infringir la ley para poder completar su red de emisoras y garantizar su supervivencia; como si la Administración estuviera obligada a satisfacer las demandas de un grupo empresarial determinado, al margen de la oferta que presentan al concurso, y que debe evaluarse con independencia y objetividad, condimentos ambos que escasean entre nuestros políticos y sus intereses partidistas. La radio española es una enorme pescadilla que está mordiéndose la cola permanentemente.

El doble rasero de la industria radiofónica española al solicitar al Estado la lucha contra las emisoras pirata

Sigo. Y aporto un nuevo titular para la reflexión: “Las radios alegales piden una regularización masiva”. Una nueva información de ElEspañol.com: “Representantes de estas emisoras se han reunido con miembros de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información”. Desde la Asociación para la defensa de las emisoras locales de Andalucía (ADELA), “una de las entidades que ha acudido al ministerio a pedir la convocatoria urgente de procesos de adjudicación de licencias”, se establece una diferenciación entre emisoras ‘alegales’, y emisoras ‘pirata’. Las primeras, mantiene ADELA, llevan 40 años pagando sus impuestos religiosamente y las segundas no. Desconozco a qué tipo de impuestos se refieren los que se agrupan en el apartado de radios alegales, pero intuyo que se referirán a los impuestos de actividades económicas, o al IBI municipal, pero nunca a las tasas por reserva del dominio público radioeléctrico, que sí deben abonar las emisoras que han sido legalmente concedidas en concursos públicos, cuya convocatoria compete a las comunidades autónomas. Tenemos, pues, diecisiete criterios e intereses dispares para concederlas. Esta circunstancia sobre la alegalidad y el pirateo, de nuevo, me parece inaudita, increíble: que se exija el pago de impuestos a una empresa sin verificar cuál es la razón de su actividad económica, salvo que vuelvan a utilizarse artimañas, como dedicarse a la radiodifusión online, en cuyo caso no hay necesidad de concurrir a una licitación. Pero, está claro, debería comprobarse.

La regulación del espectro radioeléctrico de la radio en España es motivo de estudio en el extranjero, donde no se creen los abusos e ilegalidades cometidas, en un país donde se supone que impera la ley

En España no se persiguen las emisoras ilegales, o alegales, si admitimos el matiz. Tan solo si existen sólidas denuncias de interferencias, y no siempre. ¿Por qué no hay una parte fiscal que denuncie de oficio todo esto? ¿Acaso no es flagrante? La Generalitat de Catalunya ha sido de las pocas administraciones autonómicas que ha ejercido la fuerza y retirado títulos habilitantes, cerrando postes por considerar que no cumplían con los pliegos del concurso de licencias. ¡Qué casualidad que la cadena afectada fuera la Cope, situada ideológicamente en las antípodas del nacionalismo catalán! No hacemos más que sumar despropósitos, uno tras otro.

Todo esto, lo que nos ocurre en torno al ordenamiento del espectro radiofónico nacional, no es más que fruto de la auténtica falta de cultura democrática que tiene interiorizado el país. La concesión, como digo, debe realizarse con criterios objetivos, y no basándose en amiguismos y afinidades ideológicas con el poder/partido de turno. De igual manera, la ilegalidad de incumplir la ley, y saltársela a la torera, implica una corrección administrativa en forma de sanción económica, tal y como recoge la legislación vigente.

Continúa…